La cámara que agrupa a más de 200 empresas del sector vitivinícola reclama el cierre de la Corporación Vitivinícola Argentina, tras considerar que fracasó en el cumplimiento de sus objetivos y se convirtió en una estructura ineficiente y poco transparente.
Bodegas de Argentina, la cámara que representa a más de 200 empresas del sector vitivinícola, manifestó públicamente su apoyo a la derogación de la Ley 25.849, norma que en 2004 dio origen a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de implementar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI 2020).
A través de un comunicado, la entidad sostiene que la COVIAR «ha dejado de cumplir su misión» y que su existencia representa hoy “un gasto sin impacto”, en un contexto de profunda crisis para el sector.
El origen de la COVIAR
La Ley 25.849 estableció la creación de la COVIAR como una entidad de derecho público no estatal, financiada con aportes públicos y privados, para llevar adelante el PEVI 2020. Las bodegas quedaron obligadas a realizar contribuciones, mientras que los productores y cámaras no estaban alcanzados por esta exigencia. Las acciones se instrumentaban a través de unidades ejecutoras como el Fondo Vitivinícola de Mendoza (mercado interno) y WOFA (mercado externo).
Objetivos no cumplidos
Según el comunicado, la COVIAR no logró alcanzar ninguno de los objetivos planteados en el plan estratégico:
–Exportaciones: el PEVI apuntaba a alcanzar ventas por USD 2.000 millones al 2020, pero solo se lograron USD 791 millones.
–Participación global: se proyectaba captar el 10% del volumen mundial, pero solo se alcanzó un 3,7 %, que cayó al 1,8% en 2025.
–Consumo interno: bajó un 46%, de 29,9 litros per cápita en 2004 a 16,2 en 2024.
–Superficie implantada y empleo: cayó un 10% la superficie cultivada desde 2014, especialmente en viñedos pequeños, y se registró una disminución del 12,4% en el empleo en viñedos y 8,1% en bodegas.
-Facturación: el sector vitivinícola facturó en 2025 un 42% menos que en 2012.
Fondos y falta de transparencia
Durante el período 2004-2020, COVIAR administró USD 230 millones, de los cuales USD 100 millones fueron aportes privados y USD 130 millones del Estado. “Se ha gastado esta suma sin alcanzar los objetivos estratégicos ni rendir cuentas adecuadamente”, denuncia Bodegas de Argentina.
La entidad también critica la falta de auditorías, la escasa transparencia, el direccionamiento de fondos a actividades sin impacto productivo y la promoción institucional de la COVIAR a través de eventos políticos y contrataciones de medios.
Objeciones institucionales y económicas
Bodegas de Argentina cuestiona además el carácter no representativo de la COVIAR: “No es una cámara de afiliación voluntaria y sus alícuotas son obligatorias bajo pena de inmovilización operativa”, señala el comunicado.
En un contexto de presión fiscal alta y caída de rentabilidad, la cámara afirma que la industria no puede seguir sosteniendo “un actor que no agrega valor ni a las empresas ni a los consumidores”.
Proyecto de derogación
El proyecto para derogar la Ley 25.849 fue presentado por el diputado nacional Damián Arabia (CABA), con el acompañamiento de legisladores de distintas provincias: Martín Ardohain (La Pampa), Alejandro Bongiovanni, Gerardo Milman, Emmanuel Bianchetti, Bertie Benegas Lynch y Patricia Vásquez (Buenos Aires), Sergio Capozzi (Río Negro), José Nuñez (Santa Fe), Emilia Orozco (Salta) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba).
